Autoridad, comunidad y cuerpos policiales


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Cuando escuchamos la palabra autoridad pensamos inmediatamente en quienes tienen un mayor tono de voz, quienes ejercen la fuerza y quienes tienen el poder. El poder de cambiarlo o más bien de dejar todo como está. Históricamente en Venezuela sobran normas que responden a coyunturas específicas, grupos de poder, matrices de opinión y presiones sociales. Sobran políticas públicas, pero siguen fallando en la práctica porque la mayoría deja de considerar las necesidades genuinas de quienes se ven afectados por alguna situación en su comunidad, como por ejemplo el problema de la inseguridad.

 

Policía ética y capacitada

Actualmente, vemos con preocupación la inseguridad, el uso excesivo de la fuerza en los procedimientos de orden público y las denuncias de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes en los centros penitenciarios o durante ese primer contacto con funcionarias o funcionarios a la hora de un procedimiento policial. Ahora bien, es importante que las autoridades tomen en cuenta que la única manera de hacer la diferencia y lograr alguna solución verdadera es que las y los responsables de los diseños normativos puedan pasar por encima del personalismo político, los intereses particulares y las presiones de grupos interesados en sacar provecho a la situación.

La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional está vigente y es nuestro deber saber que el servicio de la policía es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo nacional, entonces, son las autoridades quienes deben resolver los problemas de la inseguridad, sin operaciones que creen zozobra, miedo o sensación de persecución. La verdadera policía al servicio de la ciudadanía es materia pendiente desde hace muchos años.

Resulta propicio poner lupa a los cuerpos policiales y permitir que se logren acordar procesos de deliberación colectiva, donde todos los intereses trabajen con el mismo objetivo y generen el diálogo para construir un diseño institucional que beneficie a todas y todos y, especialmente, a quienes han sido los más vulnerados ya que el argumento de que la ley resolverá los problemas de inseguridad no es sólido ni tampoco está sustentado con experiencias de las comunidades populares que viven a diario la realidad de lo que ocurre.

Esfuerzos en conjunto

 

Para lograr que el cambio de la actuación policial en todos sus espacios sea posible, alcaldes, gobernadores, policías y la población en general deben trabajar en conjunto y así identificar los graves problemas en materia de seguridad y acordar la necesidad de emprender un proceso para construir un nuevo diseño institucional, concertando procedimientos para alcanzar los resultados deseados.

Aunque pareciera que el problema es mucho más complejo porque la policía que tenemos no es la que merecemos, debemos empoderarnos y trabajar y ser contraloras y contralores de la actuación policial, sin miedo y con autoridad para lograr los objetivos. Las y los policías deben hacer un examen de conciencia y admitir los años de ineficiencia, corrupción, burocratismo y violaciones a los derechos humanos para comenzar desde cero y ser lo que necesitamos y merecemos.

No más prácticas arbitrarias

Es importante resaltar que desde la convivencia ciudadana hemos escuchado frases justificando y/o admitiendo las prácticas arbitrarias de la policía, sin siquiera pensar en las consecuencias que seguimos alimentando para que la inseguridad se atornille hasta normalizarla, porque la verdad es que nos cuesta hacer el ejercicio moral para alcanzar un acuerdo nacional con respecto al servicio policial. Y es que, la mayoría de las personas en Venezuela pensamos que ser correctos es hacer juicio moral y etiquetar a quien merece lo peor de la autoridad. El verdadero aprendizaje es que nos toca impulsar lo que se debe hacer en materia policial para poder adelantar procesos ajustados a los principios democráticos de nuestro país.

La policía que deseamos no será posible si el Estado venezolano no invierte de forma inmediata y racional en los cuerpos policiales, porque los problemas más graves de la policía están vinculados con la improvisación y negligencia. Todas las policías deben tener recursos y la capacidad técnica para trabajar de manera correcta. Es necesario contar con una plataforma institucional para el ejercicio de sus funciones.

Todos los sectores suelen señalar la necesidad de cambiar la cultura policial para garantizar seguridad y respeto a los derechos humanos, pero esto no será posible con meras declaraciones de buena intensión, nuevos uniformes y operativos que arrecien con imposición de la fuerza. Es necesario resolver problemas estructurales y para ello, se requiere un Estado que, sin demora, invierta recursos para enderezar los caminos torcidos en formación, estructura, tecnología, equipos, seguridad laboral y empatía con la ciudadanía.

La policía que merecemos será posible si el Estado invierte en la profesionalización democrática de las instituciones policiales y direccione la autoridad a quienes asuman el reto de hacer lo correcto. Mañana es tarde para comenzar a cumplir con este cometido. Necesitamos urgente la voluntad política e institucional, procedimientos claros y capacidad para aplicarlos.

Editorial Red de Apoyo / Correo del Orinoco 

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