Corrupción ataca el control de armas


Compártelo

La organización defensora de los Derechos Humanos, Red de Apoyo de Justicia y Paz, en el foro “Control de armas, municiones y desarme: balance de las políticas públicas y propuestas”, informó que cada vez más armas legales pasan a mercados delictivos con la presunta ayuda de funcionarios de seguridad del estado.

“Un número igual o superior al 80% de las municiones involucradas en hechos delictivos son fabricadas por Cavim, con lo cual es bastante razonable pensar que la debilidad de controles internos posibilita la migración del mercado legal al ilegal, a gran escala, desde la industria o algún sector de la Fanb”, destacó la organización en su informe sobre el desarme entre el periodo 2011-2017.

Antonio González Plessmann, investigador de la Red de Apoyo, señaló que, según los resultados de la investigación, muchos funcionarios de seguridad no reportan las armas ni municiones recuperadas o recolectadas en procedimientos policiales, para reinsertabas en mercados ilegales.

Destacó que la práctica ilícita también la aplican con las armas de fuego guardadas en las salas de evidencia. Además, “persiste una débil persecución penal sobre sectores poderosos de la sociedad (vinculados a los cuerpos de seguridad) que trafican con armas y municiones a gran escala”.

La ONG puso de ejemplo el caso de un Mayor del Ejército, quien en 2016 fue descubierto con dos camiones de balas 9 mm que “decía vender a los tiradores deportivos en campeonatos”, pero que realmente vendía en los mercados ilegales. “El caso no fue conocido públicamente, pero nos fue confirmado por personal directivo del Ministerio Público”, explicó la Red de Apoyo.

Debilidad y falta de control. Para el año 2016, según la información reportada por el Ministerio Público, el 86,6% de los venezolanos fueron asesinados con armas de fuego. A pesar que esta cifra disminuyó, en comparación al 2011, el flujo de armas ilegales parece no tener fin en las calles del país.

La Red de Apoyo de Justicia y Paz explicó que pese a los esfuerzos por realizar inspecciones periódicas a parques de armas y salas de evidencia, estos lugares de almacenamiento siguen siendo muy vulnerables institucionalmente, por lo que facilitan la migración de armas a los mercados ilegales.

“El Estado tiene más de 2 años en mora, en relación con el cumplimiento de su obligación de instalar un sistema de marcaje de municiones, que permita su individualización. No existen planes, programas y campañas de prevención, que articulen, como señala la Ley”, reveló la organización no gubernamental, que aseguró que no existe ninguna campaña nacional, de impacto, en materia de desarme.

Entre las conclusiones del informe de la organización, se enfatizó que el Estado tiene más de 2 años en mora, en relación con el cumplimiento de su obligación de instalar un sistema de marcaje de municiones, que permita su individualización.

Campaña mal organizada. Rosa Sánchez, defensora adscrita a la Dirección General, y unas de las redactora de la Ley para el Control y Desarme, relató que cuando la oficina administrativa que organizaba las entregas voluntarias de armas, tuvieron muchos problemas para dar los incentivos a los ciudadanos. Destacó que el país es el primero en dar como incentivo, a cambio de las armas, beneficios sociales. Sin embargo, para el año que comenzó la campaña, a cargo del entonces ministro de interior, Miguel Rodríguez Torres, no se dieron las retribuciones acordadas como las becas de estudios en universidades públicas, lo que molestó a los usuarios, que hacían cola para entregar sus armas.

Fuente: 2001 / Erick S. González Caldea 

Foto: Contrapunto 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *