Defensor del Pueblo condenó los hechos de violencia ocurridos en Centro de Detención Preventiva de Amazonas


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17 de agosto de 2017. – Este jueves el Defensor del Pueblo interino, Alfredo Ruiz Angulo, condenó los hechos de violencia ocurridos en el Centro de Detención Preventiva de Amazonas (CEDJA), ubicada en el municipio Atures, Puerto Ayacucho, donde fallecieron 37 privados de libertad y resultaron heridos varios funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

El máximo representante de la Defensoría del Pueblo indicó que el órgano que preside ha venido alertando desde el año 2015 sobre la delicada situación de hacinamiento que presentan los centros de detención preventiva en todo el territorio nacional. Para lo cual, se han instalado mesas de trabajo y se han hecho inspecciones a retenes judiciales por parte del ente defensorial, a los fines de verificar las condiciones de los internos.

Tras los hechos ocurridos en Amazonas, el Defensor ha recomendado que se mantenga el proceso de transformación de los Centros de detención, apegado al estricto respeto de los derechos humanos. Que se respete el uso racional y proporcional de la fuerza en situaciones de contingencia, así como brindar una oportuna mediación con la población privada de libertad, familiares y órganos operarios del sistema de justicia

Ruiz señaló que es necesario que los retenes y grandes Centros de detención Preventiva pasen a manos del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y se mantengan los planes para descongestionar los centros policiales (Plan Cayapa) y, así disminuir el grado de hacinamiento en calabozos y centros transitorios de privación de libertad.

Asimismo, indicó que en el caso concreto del CEDJA se debe procurar que el Ministerio del Servicio Penitenciario asuma la rectoría y el control del mismo para establecer los programas de rehabilitación y reinserción, para las personas privadas de libertad, entre ellos las posibilidades de estudio y de trabajo.

Al mismo tiempo, señaló Ruiz que se debe garantizar a la población indígena privada de libertad lugares especiales de pernota y reclusión,  apegados  a la ley que regula sus costumbres en caso de delitos ordinarios, garantizando el respeto a su cultura..

Por lo que sugirió, la creación de un centro o espacio especial para las personas indígenas que se encuentran privados de libertad, a los fines de proteger sus costumbres y prácticas ancestrales, separado de la población penal ordinaria.

Fuente: DDP /Antonieta Cetrangulo

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