Ni balas marcadas ni plata para pagar al que deje su arma: así viola el Estado Ley Desarme


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Antonio González Plessman asegura que la ley de desarme tiene fallas, pero que aún así con ella se pudiera hacer una buena política nacional para desarmar a la población. Explicó que el problema es que no se cumple el “90% de los aspectos medulares”

“No es que la Ley de Desarme (control de Armas y Municiones) no funcione, es que no se ha ejecutado”. Esa es la visión de Antonio González Plessman, miembro de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en cuanto al desarme y la existencia de armas y municiones ilegales en el país.

El experto participó en un foro en el que se trató ese tema y en el cual se analizaron la concepción, puesta en práctica y fallas de la ley, así como la política pública del Estado.

González señaló que la ley, “aunque tiene pelones”, no es la responsable del fracaso del desarme a escala nacional, medible en el aumento en la tasa de homicidios: pasó de 55 asesinatos por cada 100 mil habitantes en el año 2012 a 70,1 por 100 mil habitantes en 2016. “Cerca de 90% de los aspectos medulares de la ley no se están ejecutando”, afirmó. “Con esa ley, que tiene sus defectos, se puede hacer una buena política de desarme”, comentó.

Un ejemplo de la falta de acciones es el marcaje de las municiones. González recordó que para 2012 el presidente Hugo Chávez aprobó recursos destinados a comprar una máquina de marcaje láser.

“Pasados 5 años la máquina no ha llegado al país. El marcaje es importantísimo, porque la munición individualizada permite saber quién compró la munición y dónde se utilizó después. Que la máquina no exista es el elemento más importante de la impunidad de un sector empresarial que está haciendo dinero con esto y que es el responsable del grueso de las muertes de este país”, explicó.

Además del marcaje, el experto también se refirió a las pruebas balísticas; es decir, lo que permitiría relacionar un arma con una munición encontrada en una escena del crimen. Este otro de los puntos contemplados en la ley que simplemente no pasa del papel a la realidad.

“Menos de 5% de las armas que existen en el país tienen prueba balística y un porcentaje menor está en un sistema IBIS (sistema de identificación balística integrado, por sus siglas en inglés). Eso es muy grave, porque no tienes control y no puedes establecer el vínculo entre la munición y el arma. La ley no es solo para que no haya armas, sino para que las armas y la municiones que hay tengan control”, comentó.

Además del marcaje y de las pruebas balísticas, González recordó que el texto obliga a la creación de campañas y programas de prevención que no existen en la actualidad, debido a que no se constituyó un fondo para el financiamiento.

“No hay plata para hacer campañas, no hay plata para pagarle a la gente que entrega sus armas (incentivos) y no hay una política que articule otros entes del Estado para el tema de la prevención”, expresó.

Hay muchísimas fallas en la política de desarme, pero González reconoció que el Estado sí ha tenido puntos a favor, tales como las inspecciones a los parques de evidencia de las policías y la destrucción de armas.

El Estado no ha creado campañas para el desarme desde hace más de 2 años / Foto: Anthony AsCer Aparicio

“El Estado ha destruido armas de manera consistente, con más de 400 mil armas destruidas. Ha realizado inspecciones consistentes y permanentes a las salas de evidencias y los parques de armas y creó el Senades (Servicio Nacional para el Desarme) para impulsar el desarme voluntario. Esos son aspectos que nosotros valoramos positivamente, pero que son claramente insuficientes”, dijo.

Política coordinada

En el análisis sobre la situación del desarme, tanto Antonio González Plessman como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hicieron recomendaciones con el fin de subsanar las fallas de la política actual del Estado.

“Una de las recomendaciones es que se cree por decreto presidencial un espacio de coordinación de la política (de desarme). En este momento la política se ejecuta una parte en la FANB y otra en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Queremos que ese espacio de coordinación haga una planificación operativa donde haya metas e indicadores de cumplimiento, y que rinda cuentas públicas al país. Eso no existe. No se coordina la política y además hay secretismo sobre la ejecución”, planteó González.

De igual forma, recomendó emitir un decreto conjunto entre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio de la Defensa para que se prohiba por cinco años la entrega de nuevos portes de armas, así como la prohibición de comercializar armas y municiones, mientras se reforma la ley.

“También planteamos que se haga un plan a tres años para tener marcadas y digitalizadas el 100% de las armas que hay en el país con el registro balístico”, añadió.

Fuente: Contrapunto / Héctor Antolínez Malavé  

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