Políticas para el Desarme   ¡Actualizado!


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La población venezolana, desde hace muchos años, tiene la sensación que el porte de armas por parte de la ciudadanía en general, pone en peligro su seguridad, ya que puede ser atacada en cualquier momento sintiéndose vulnerable ante el riesgo de lesión o daño de que pudiera ser víctima.

En ese sentido, el Estado Venezolano ha hecho serios esfuerzos para conseguir que la ciudadanía acuda de manera pacífica a entregar sus armas, manteniendo paralelamente el desarme forzoso de la población el cual se encuentra a cargo de las y los funcionarios militares y policiales, y que en su conjunto señalan una política para convertir a Venezuela en un territorio de paz.

En el año 2002, la Asamblea Nacional promulgó la Ley para el Desarme, con el objeto de desarmar la población que poseía armas de manera ilegal, para salvaguardar la paz y la convivencia social. Esta Ley, con apenas 16 artículos, dio preeminencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como encargada de llevar a cabo dicha política, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 324 de nuestra Constitución, que señala que esa institución es la competente para reglamentar y controlar la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

Nueve años después, en mayo de 2011 se crea la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Esta vez, contó con la participación tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Ministerio del Poder Popular de la Defensa, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Esta Comisión desarrolló una política en cuanto al desarme que caló en la población y realizó una labor tanto investigativa como comunicacional bastante eficiente.

Desarme voluntario de acuerdo a la Ley

En paralelo, la Comisión Presidencial y en conjunto con la Asamblea Nacional, tuvieron a cargo la redacción de la nueva Ley, la cual fue promulgada en junio de 2013. Esta nueva Ley derogó la Ley para el Desarme del 2002, y fue mucho más extensa. Incluyó la figura del desarme voluntario y anónimo de la población, conjuntamente con el desarme forzoso.

El desarme voluntario de acuerdo a la Ley, convoca a los órganos encargados de defensa, seguridad ciudadana, educación, niños, niñas y adolescentes, salud, deporte, servicios penitenciarios, comunas, comunicación e información, a diseñar y desarrollar planes, programas y proyectos dirigidos a la prevención, información y concienciación relacionadas con el uso indebido de las armas de fuego. En este sentido, debe entenderse que el desarme es una política transversal, en la cual todos los órganos del Estado deben participar a fin de hacer efectivo el desarme voluntario de la población.

Posteriormente, en abril de 2014, se promulga el Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. El Reglamento es producto del trabajo que se realizó con el Plan Desarme Voluntario, llevado por el Ministerio para el Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y con el Movimiento por la Paz y la Vida en todo el territorio nacional.

El Reglamento señala los procedimientos a seguir con relación al Desarme Voluntario y Anónimo, el cual dio nacimiento al Servicio Nacional para el Desarme (SENADES), órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, encargado de llevar adelante las políticas públicas dirigidas al desarme voluntario de la población.

Un incentivo con fin social

El desarme voluntario, señalado en la Ley como un Plan Nacional de Canje de Armas y Municiones, en el cual el dador, es decir, la o el ciudadano que entrega voluntariamente su arma a un órgano del Estado sin ningún tipo de coacción. Esta entrega se realiza a través del SENADES, quien entrega al dador un incentivo. El incentivo tiene un fin social, no mercantil, y busca que ciudadanas o ciudadanos que entregan voluntariamente su arma de fuego obtengan un bien para su progreso, más allá de la ganancia monetaria.

De igual forma, otras de las innovaciones son los incentivos colectivos, en los cuales grupos de personas pertenecientes a una comunidad, entregan voluntariamente sus armas por intermedio del SENADES, y la comunidad a la cual pertenecen recibe un beneficio, ya sea socio-productivo, de mejoramiento de los servicios que recibe, de infraestructura, entre otras. Esto también se traduce en el propósito que tiene el Estado de preservar el principio de la paz como valor fundamental de nuestra Nación.

Las políticas para el desarme son esenciales para lograr que la ciudadanía esté protegida contra todo tipo de violencia como derecho humano fundamental. De igual forma, la ejecución de políticas públicas dirigidas al efectivo control y reducción de la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones traerá consigo la disminución de cifras de violencia y la paz que todas y todos deseamos.

 Rosa Mercedes Sánchez García / Red de Apoyo por la Justcia y la Paz 

Correo del Orinoco 

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