Red de Apoyo: Malas prácticas policiales e incumplimiento de ley dificultan desarme en Venezuela


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El mercado ilegal de armas en Venezuela está compuesto en su gran mayoría por armas que provienen del mercado legal. Así lo aseguró el sociólogo Antonio González, quien realizó junto a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz una investigación sobre el control de armas, municiones y desarme en Venezuela.

Los resultados de ese estudio fueron presentados este miércoles 8 de noviembre en un foro realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en Caracas donde se ofreció un balance de las políticas públicas aplicadas, además de presentarse varias propuestas. Entre ellas la de González, quien expuso que para que la política de desarme y control de armassea integral y consiga resultados, se debe incluir en la educación escolar, a lo cual también deben sumarse otras acciones como controles para la corrupción policial y centros penitenciarios.

Según cifras presentadas por el experto, el 80% de las armas que recibe la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) llegan sin cargador ni municiones; por lo cual, especuló que es posible que los funcionarios policiales o militares que participan en el desarme coactivo no las reportan, para poderlas vender en el mercado ilegal.

Solo en 2015, fueron incautadas por las Fanb 51.113 municiones de distintos calibres y desde 2013 hasta julio de 2017, la Daex ha destruido 433.555 armas de distintos tipos, incluyendo facsímiles, de fabricación casera, escopetas, entre otras.

El mercado negro de armas en Venezuela está compuesto en su gran mayoría por piezas que provienen del mercado legal, según el estudio. Sin embargo, la otra parte ingresa por la frontera, por lo que González concluye que “claramente debe existir participación militar y policial, pues es un negocio que maneja mucho dinero”.

De las armas que ingresan al país de forma legal, solo el 5,6% tiene registro balístico, además, no existe conexión entre el Ibis (como se conoce al Sistema Integrado de Identificación Balística) civil y el Ibis criminal.

Los datos que maneja la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz muestran que los homicidiosen el país han aumentado desde el 2012 (posterior a la Ley Desarme) hasta ahora. Según datos del Ministerio Público (MP), del total de asesinatos ocurridos en 2016, el 86,6% fueron por armas de fuego.

Ante esta realidad, la Red señala que por la restricción de armas y municiones, pueda estar ocurriendo una reducción de la cantidad de homicidios por armas de fuego, aun cuando la cantidad total de homicidios anuales no haya disminuido.

Hernán Garboza, director de registro adscrito a la Dirección General de Atención al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo, catalogó como preocupante la falta de mecanismos de control cuando instituciones policiales y militares piden armas o municiones ante la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).

“Resulta un poco alarmante ver cómo cuerpos de seguridad del Estado solicitan elevadas cantidades de municiones en periodos cortos de tiempo, sin rendir informe técnico sobre en qué se usan esas municiones”, expresó.

De igual manera agregó que “así como cuerpos de seguridad solicitan constantemente, hay instituciones que tienen años sin solicitar municiones; entonces ¿qué están haciendo para surtirse?”.

Rosa Sánchez, defensora adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, explicó que durante el Plan de Desarme Voluntario, en septiembre de 2014, cuando el entonces ministro  para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció como incentivo las becas universitarias para los ciudadanos que entregaran sus armas de forma voluntaria, no era posible realizar este intercambio, pues nunca habían sido tramitado el cupo con las universidades.

Relató que en el primer día del Plan Desarme había colas de personas para entregar sus armas a cambio de unas becas que nunca existieron.  A pesar de esto, entre 2014 y 2015, el Servicio Nacional para el Desarme (Senades) recibió 3.674 armas de fuego y 305.000 municiones de manera voluntaria.

Sin embargo, ya en marzo de 2017, por falta de fondos, el Senades debía más de 700incentivos a personas que habían entregado sus armas o municiones, según datos manejados por la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz.

Valentina Mendozamadre de Luis Villegas Mendoza, asesinado en el sector Barrio Sucre de Petare el pasado 23 de julio de 2017, manifestó que “en la Defensoría (del Pueblo) a uno como víctima, madre de un asesinado, le prestan muy poca atención, por no decir que ninguna”.

Aseguró que los funcionarios de instituciones públicas se protegen entre sí. “Los policías le dicen a los testigos del asesinato de mi hijo que lo mismo que le pasó a Luis le puede pasar a ellos”, y por eso, no se puede aclarar la verdad “que ella conoce” y el culpable nunca será enjuiciado. Con indignación, se dirigió directamente a la defensora Sánchez: “Ayer fue Juan, hoy es Luis, mañana puede ser su hijo“.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz lanzó al finalizar el foro la campaña “¿Por qué mataron a Juan?“, la cual mantendrán activada desde este jueves 9 de noviembre hasta el 8 de diciembre, con el fin de concienciar a la población y al Estado sobre la necesidad de retomar el desarme de armas y municiones, y exigir que se implemente de manera efectiva la Ley Desarme.

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